La pandemia del COVID-19 ha deteriorado todavía más las condiciones de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que, ante el cierre de fronteras terrestres, se vieron obligadas a soportar condiciones climáticas extremas, catástrofes naturales y amenazas de las redes de trata. Pese a los mecanismos de protección por parte de los países de acogida, las vulnerabilidades y los riesgos a los que se enfrentan han aumentado drásticamente.
La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron este jueves un plan regional por un monto de 1790 millones de dólares en apoyo a las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.
El número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela repartidas en todo el mundo ya ha superado los seis millones y la gran mayoría de ellas llevan muchos años desplazadas fuera de su país de origen.
Aunque varios de los países de acogida ya han establecido mecanismos de protección y regularización para que los migrantes y refugiados puedan acceder a derechos y servicios, a medida que esta situación se prolonga en el tiempo, las vulnerabilidades y los riesgos que afrontan las personas venezolanas han aumentado drásticamente.
El representante especial conjunto para los refugiados y migrantes de Venezuela de ambos organismos, Eduardo Stein, destacó que la colaboración de la comunidad internacional “sigue siendo crucial para atender las necesidades más urgentes de las personas refugiadas y migrantes, y para ayudar a los países de acogida a garantizar su integración socioeconómica”.
“Quienes han salido de Venezuela están dispuestos a contribuir y devolver a las comunidades que les han acogido,” destacó Stein.
El coronavirus todavía ha deteriorado más la situación
La pandemia del COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas más vulnerables en toda la región, entre ellas las personas refugiadas y migrantes, provocando un aumento del desempleo y la pobreza, mayores dificultades para acceder los servicios básicos y educativos, y graves riesgos de protección como resultado de la falta de estatus regular.
Además, con el cierre de las fronteras terrestres para contener la propagación del COVID 19, los venezolanos recurrieron a rutas informales exponiéndose a graves peligros, como las condiciones climáticas extremas, las catástrofes naturales y las amenazas de las redes de trata, explotación y abuso controladas por traficantes.
El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2022 se lanzó este jueves en respuesta a esas necesidades urgentes, y para buscar soluciones a más largo plazo que permitan a las personas venezolanas reanudar sus vidas.
La iniciativa busca fortalecer aún más las respuestas tanto a nivel nacional como regional apoyando la prestación de servicios humanitarios esenciales, entre ellos la asistencia sanitaria, el alojamiento, la alimentación, el agua, el saneamiento y la higiene en los países de acogida.
“Los esfuerzos de regularización en curso son un gesto de solidaridad y requerirán una importante inversión financiera para que sean exitosos”, dijo Stein. “Se necesita un mayor compromiso y esfuerzos más concertados para garantizar que nadie se quede atrás”.
El plan de respuesta de este año reúne a 192 entidades asociadas entre las que se encuentran las agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil y organizaciones encabezadas por refugiados, migrantes y comunitarias.
Fuente: ONU