El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que recogen el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas y, en muchos casos, prorrogadas para afrontar la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

En concreto, se han difundido los datos de déficit del Estado hasta el mes de marzo, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional. A la hora de comparar las cifras, hay que tener en cuenta que los datos registrados en enero y febrero de 2020 no estaban afectados por la COVID-19.

Déficit del Estado marzo

Hasta marzo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,92% del PIB, frente al 0,49% registrado en el primer trimestre de 2020. Este resultado se debe a un descenso de los ingresos no financieros del 4,2%, frente al incremento de los gastos, que crecen un 6,8%.

A la hora de comparar entre ambos años la evolución entre los recursos y los empleos, hay que considerar que en febrero de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y

AP-4 al finalizar sus contratos de concesión. Esta operación no tuvo incidencia en el déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, en la rúbrica de formación bruta de capital fijo, y en los recursos, en la rúbrica de otras transferencias de capital, por un valor estimado de 1.745 millones.

Además, es importante resaltar que la situación de pandemia internacional que empezó en el primer trimestre de 2020 tendrá previsiblemente un significativo impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021. Unos efectos producidos, no solo por la emergencia sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo para paliar las consecuencias de esta crisis.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros, que ascienden a 45.435 millones, han descendido un 4,2% respecto al mismo periodo de 2020.

Los impuestos alcanzan los 38.960 millones, con un aumento de 14 millones respecto al primer trimestre de 2020. Esta evolución se debe al efecto que están teniendo sobre los ingresos por IRPF en el Estado los distintos calendarios de entregas a cuenta en ambos ejercicios.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 2,2%, caída que se compensa por el aumento de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 5,4%. También por los impuestos sobre el capital, que aumentan un 35%, respecto al mismo periodo del año anterior, aunque se tratan de datos poco significativos al tratarse solo del inicio del año.

Los ingresos de las cotizaciones sociales han ascendido a 1.571 millones, prácticamente los mismos que el año anterior.

Las rentas de la propiedad descienden un 10,9% respecto a 2020, como consecuencia del menor ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España y del descenso de los ingresos por intereses.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 17,9% pasando de 358 millones en 2020 a 422 millones en 2021. Esta evolución se debe, entre otras causas, a los ingresos por comisiones de avales en 2021 correspondientes al ICO liquidez e ICO inversión (RDL 8/2020 y RDL 25/2020) por importe de 94 millones, sin correspondencia en el mismo periodo de 2020.

Los otros recursos no financieros, con 3.193 millones, disminuyen un 4,8%, descontada en 2020 la reversión mencionada. Dentro de este apartado, las transferencias recibidas de otras administraciones públicas disminuyen un 3,5%, hasta los 2.582 millones.

Empleos no financieros del Estado

En los tres primeros meses del año los empleos no financieros del Estado se han situado en 56.547 millones, cifra superior en un 6,8% a la registrada en 2020.

Esta evolución se debe, fundamentalmente, al aumento del 16% de las transferencias al resto de las administraciones públicas, con un total de 34.365 millones, cifra que equivale al 60,8% del gasto del Estado en el primer trimestre del año y al 2,84% del PIB.

En términos cuantitativos, las de mayor relevancia son las transferencias a la Administración Regional, con un total de 20.995 millones y un avance del 5,5% (1.087 millones, de los que 354 millones corresponden al adelanto del 100% de la anualidad de las subvenciones al Plan estatal de vivienda). Por el sistema de financiación se han transferido 19.051 millones, un 2,9% más que el primer trimestre de 2020.

A los Fondos de la Seguridad Social se han destinado 6.946 millones, lo que suponen 3.225 millones más que el año anterior. De esa cifra, 1.587 millones se han transferido al SEPE y 1.667 millones al Sistema de Seguridad Social, incluyendo 754 millones para financiar la prestación del ingreso mínimo vital; 557 millones para la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor; y 356 millones las reducciones en la cotización a la Seguridad Social. Todas ellas sin correspondencia el año anterior.

En segundo lugar, destaca el aumento de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB en 730 millones, hasta situarse en 4.210 millones.

En cuanto al resto de las rúbricas, los consumos intermedios descienden notablemente, un 41,8% hasta 1.123 millones. Los gastos COVID en esta rúbrica proceden en su mayor parte del programa prestaciones sanitarias y farmacia, y han pasado de 845 millones en 2020 a 90 millones en este ejercicio.

La remuneración de asalariados crece un 2%. Esta rúbrica incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 4,4%, de las cuales las pensiones de Clases Pasivas registran un incremento interanual del 4,9%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior. Por su parte, las transferencias sociales en especie caen un 15,9%

Destaca también el aumento de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, hasta 144 millones de los que 96 millones son transferencias al CDTI para financiar la participación en programas espaciales, sin importe equivalente en 2020.

Por último, la formación bruta de capital fijo ha sido de 848 millones, mientras que en 2020 la inversión ascendió a 2.870 millones, por el impacto de la operación de reversión mencionada de la AP4 y AP7, sin correspondencia en 2021.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (febrero)

Hasta febrero de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, ha sido de 18.231 millones, equivalente al 1,51% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras (29 millones en 2020 y 18 millones en 2021), el déficit se mantiene en el 1,51% del PIB.

Administración Central

• El déficit de la Administración Central se sitúa en 16.206 millones a finales de febrero de 2021, el 1,34% del PIB, frente al 1,05% del PIB registrado en el mismo periodo de 2020.
• El déficit del Estado en febrero, en términos de PIB, equivale al 1,30%, alcanzando la cifra de 15.734 millones.

Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de febrero un déficit de 472 millones, frente al déficit de 646 millones de febrero de 2020, lo que supone un descenso del 26,9% interanual.

Comunidades Autónomas

La Administración regional registra un déficit en febrero de 2021 hasta los 1.412 millones, lo que equivale al 0,12% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 6,1% frente a los ingresos que crecen un 3,6%.

Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que caen un 4,3% hasta los 2.102 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio crecen un 6,5% hasta los 8.041 millones. Por último, los ingresos por impuestos sobre el capital también crecen hasta alcanzar los 492 millones, lo que implica 170 millones más que en febrero de 2020.

Las transferencias entre AAPP siguen la tendencia al alza de las anteriores rúbricas, subiendo un 5,2% hasta los 15.874 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado, que representan el 56,11% de los recursos del sector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 9,7% y los consumos intermedios se elevan un 7,7% hasta situarse en 13.489 millones y 5.305 millones, respectivamente. Las subvenciones ascienden hasta los 368 millones, 46 millones más que en 2020.

Las transferencias sociales en especie descienden hasta los 569 millones. Por último, la inversión disminuye un 1,2% respecto a 2020, alcanzando los 1.924 millones.

Hay seis Comunidades Autónomas con superávit o equilibrio. Se trata de Asturias, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 1.343 millones corresponden hasta febrero a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social hasta febrero de 2021 registran un déficit de 613 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social asciende al 0,05%. Este resultado, es consecuencia del aumento del gasto en un 12,6%, frente al incremento de los ingresos un 7,2%.

Cabe recordar que en 2021 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020, y se encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación, y a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

El Sistema de Seguridad Social registra hasta febrero un déficit de 32 millones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 575 millones, el 0,05% del PIB.

El FOGASA presenta un déficit de 6 millones, mientras que en 2020 obtuvo un superávit de 42 millones.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha se sitúa en 2.342 millones.

Fuente: Moncloa