El Ejecutivo acordará el reparto de estos fondos europeos con las comunidades y ciudades autónomas a las que, además, permitirá ampliar los sectores beneficiarios de ayudas directas por la COVID-19. Además, ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia organizativa del sistema público de justicia.
El Consejo de Ministros ha acordado distribuir entre las comunidades y ciudades autónomas 730,8 millones de euros de fondos europeos destinados a la economía de los cuidados. Las cantidades concretas para cada una de ellas será acordada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que los fondos tienen carácter finalista, y, por tanto, irán destinados a actuaciones enmarcadas en tres planes concretos.
El Plan de apoyos y cuidados de larga duración, dotado con 482 millones, tiene por objetivo atender prioritariamente a las personas mayores o dependientes en sus domicilios, y, cuando eso ya no sea posible, prestar esa atención en residencias más pequeñas y con personal más estable. Según Belarra, el modelo residencial actual “no está atendiendo adecuadamente ni a las necesidades de personas mayores y dependientes y tampoco a sus deseos”, ya que la mayoría prefiere ser atendida en sus casas mientras sea posible.
El Plan de modernización de los servicios sociales, al que se destinarán 216 millones, persigue hacerlos más accesibles y eficientes para la ciudadanía, y también contempla una reforma del sistema de protección a la infancia.
El Plan España Accesible destinará los 31 millones restantes a solventar problemas de accesibilidad física o cognitiva para personas con diversidad funcional, como las afectadas por trastorno del espectro autista, y mejorar la accesibilidad al transporte público.
La ministra ha reflexionado acerca de la importancia de activar en nuestro país la economía de los cuidados para sumar “la transición social” a las también necesarias transiciones ecológica y digital que se van a ver impulsadas con la llegada de los fondos europeos.
Ione Belarra ha señalado que estas inversiones son positivas porque, además de mejorar de forma tangible la vida de la gente, generan empleos no deslocalizables, fijan población en el medio rural y contribuyen a mejorar las condiciones de un sector muy feminizado y tradicionalmente precario, como el de las trabajadoras del hogar o del sistema de atención a la dependencia.
Fuente: Moncloa