Un juez federal desestimó el sábado la demanda más importante que el equipo de campaña del presidente saliente de EEUU, Donald Trump, había presentado en Pensilvania, y lo dejó prácticamente sin posibilidades de revertir el resultado de las elecciones en ese estado y, por extensión, sin posibilidades de mantenerse en la Casa Blanca.
Los condados de Pensilvania tienen vía libre para certificar el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, para el que hoy se cumple el plazo límite, y confirmar así como ganador del territorio el candidato demócrata, Joe Biden.
La demanda pretendía invalidar millones de votos emitidos por correo con el argumento de que la posibilidad de los votantes de corregir errores en sus papeletas en ciertos condados perjudicaba el Partido Republicano. El magistrado resolvió que el equipo de campaña de Trump había utilizado «argumentos legales defectuosos y sin mérito, y acusaciones especulativas» en su intento de rechazar millones de votos. «En Estados Unidos esto no puede justificar la supresión del derecho al voto de un solo votante, y menos de todos los votantes del sexto estado más poblado», dijo el juez.
La decisión es un revés a la estrategia legal de Trump, que ya ha perdido otros casos en Pensilvania, además de Michigan, Georgia, Nevada y Arizona, en su denuncia sin pruebas que se ha perpetrado un fraude electoral. Esta demanda era la última de gran importancia que le quedaba activa en Pensilvania, y el abogado del presidente saliente, Rudy Giuliani, la defendió personalmente durante una audiencia el martes.
Sin Pensilvania, es prácticamente imposible que Trump pueda cambiar el resultado de las elecciones, ya que la ventaja de Biden en el Colegio Electoral es tan grande que el actual mandatario debería demostrar un fraude mayúsculo en varios estados para imponerse . Si no lo hace, no podrá impedir que Biden asuma la presidencia el 20 de enero. El equipo de Trump sólo tiene para desenvolverse hasta el 8 de diciembre, día en que todos los estados deben haber resuelto cualquier disputa y el gobernador de cada territorio debe enviar los resultados certificados en el Congreso.